El exministro Iván Espinel enfrentaba acusaciones de peculado relacionadas con presuntos sobreprecios en el pago de facturas emitidas por médicos de clínicas privadas que atendieron a afiliados del Seguro Social, con un perjuicio económico estimado en más de 40 millones de dólares. El 27 de abril de 2018, el juez de Garantías Penales del Guayas, Darwin Valencia, había dictado prisión preventiva en su contra.

La Estrategia de Defensa

El Dr. Héctor Gabriel Vanegas asumió la defensa técnica y planteó una revisión exhaustiva de las medidas cautelares impuestas. La estrategia se centró en demostrar que la prisión preventiva carecía de fundamento legal suficiente y que no se cumplían los requisitos constitucionales para mantener a Espinel privado de su libertad.

En julio de 2018, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, se logró la revocatoria de la prisión preventiva por peculado, siendo sustituida por el uso de dispositivo de vigilancia electrónica (grillete). Este resultado marcó un precedente importante en la defensa de derechos fundamentales y demostró que, con argumentos técnicos impecables, es posible cuestionar decisiones judiciales que no cumplan con los estándares del debido proceso.