La Superintendencia de Compañías ordenó la disolución de las empresas DELCORP y ECUAGRAM en medio de investigaciones por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

La Estrategia de Defensa

Vanegas defendió a directivos de estas empresas, impugnando las resoluciones administrativas y demostrando que las actuaciones empresariales se realizaron dentro del marco legal vigente. Su estrategia buscó proteger los derechos patrimoniales y la reputación de sus defendidos.