Álvaro Ponce, ex gobernador del Guayas, fue investigado por la presunta venta de medicamentos donados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El proceso judicial tomó dos vías paralelas: una administrativa y otra penal.

La Estrategia de Defensa

Vanegas estructuró una defensa técnica que diferenció claramente las responsabilidades administrativas de las penales, argumentando la inexistencia de dolo y la ausencia de enriquecimiento personal. Su estrategia protegió a su cliente de acusaciones infundadas en un contexto de alta presión mediática durante la pandemia.